Una jueza ordenó que se inicie una investigación en contra de vecinos que agredieron a dos motochorros y a los policías que participaron en su aprehensión para determinar si permitieron la golpiza. Uno de los uniformados, según las actas del procedimiento, espera ser enjuiciado por el crimen de Facundo Ferreira, el niño de 12 años que fue víctima de un aparente caso de gatillo fácil.

El viernes por la mañana dos delincuentes le arrebataron a una mujer la riñonera donde tenía más de $30.000 cuando estaba buscando cosas del interior de su auto en Corrientes y Alberti. La víctima comenzó a perseguirlos. “Ellos se dieron cuenta de que los seguía y tiraron la riñonera para que deje de hacerlo. Unos muchachos me dijeron que los siguiera, que ellos me la guardarían”, relató.

Uno de los motochorros se bajó de la moto en Thames y Mendoza e intentó salir corriendo, pero fue atrapado por los vecinos, que se dieron cuenta que habría participado en un ilícito y porque la víctima había pedido ayuda. Personal del área de Inteligencia que se encontraba a metros realizando un control acudió en ayuda. El oficial José Alfredo Mostafe y el agente Oscar Vera lograron a duras penas controlar a la turba exaltada y proteger al sospechoso. Por precaución, lo trasladaron a la seccional 7ª, donde lo identificaron como Guillermo Robles Rodríguez (28 años) y le secuestraron $5.700 que habría sido parte del dinero sustraído.

“Fue todo muy rápido. Me sacó lo que me había pasado y no me importó meterme en algunas calles a contramano. Varios automovilistas que observaron lo que estaba pasando me ayudaron. Me detuve cuando observé que lo habían frenado a uno. Había autos y una camioneta que lo perseguían”, dijo la mujer, que le pidió a LA GACETA que su nombre se mantuviera en reserva.

La víctima aún permanecía en ese lugar cuando a los pocos minutos, un taxista se presentó y dijo que en Thames, entre Santiago del Estero y Corrientes había sido detenido el supuesto cómplice. “Llegué varios minutos después. La Policía estaba en el lugar; el chico estaba convulsionando e inconsciente. Lo cargaron en la camioneta y lo llevaron hasta la seccional 7ª. No sé si alguien le propinó una golpiza o si alguien que lo perseguía lo chocó para que dejara de escaparse”, indicó la víctima. “Allí escuché decir a los uniformados que era mejor llevarlo al hospital Padilla porque no reaccionaba y que sería peor que se muriera ahí”, agregó. En el centro asistencial fue identificado como Emanuel Reynoso, de 26 años.


En la audiencia

El sábado por la mañana se realizó la audiencia por el delito del robo. Sólo se imputó a Robles Rodríguez, ya que Reynoso se encontraba internado en grave estado. El titular de la Unidad Fiscal de Flagrancias I lo acusó de robo y pidió que se le dictara la prisión preventiva por robo. Argumentó su planteo al afirmar que el acusado tenía varios antecedentes similares y que podría entorpecer la investigación del caso.

La jueza Fanny Suriani no hizo lugar a la petición y puso en particular énfasis sobre el tema de las causas pendientes que tenía el imputado. “Si bien es cierto que existe una mora judicial, hasta que no haya una condena firme, no se puede hablar de antecedentes”, explicó la magistrada, que ordenó que sea puesto en libertad.

En el mismo fallo, la jueza, tal como estipulan las normas vigentes, pidió que la Unidad Fiscal de Delitos Graves contra las Personas inicie una investigación por la golpiza que recibieron Robles Rodríguez y Reynoso. Para ello, solicitó que el liberado sea sometido a una revisión por parte del médico forense para que se determine el nivel de lesiones que había sufrido. En tanto, requirió que se identifique a las personas que participaron de la golpiza y que se investigue si los policías cometieron algún delito al desproteger a los acusados.

En la primera detención quedó en claro que Mostafe y Vera fueron los que aprehendieron a Robles Rodríguez y, en principio, trataron de proteger al acusado de la golpiza de algunos vecinos y lo llevaron rápidamente a la dependencia policial. El caso de Reynoso, en cambio, no está aún claro.

En las actuaciones policiales se hace mención a que los agentes Fabio Coronel y Franco Albarracín, fueron los que aprehendieron al supuesto ladrón. En el parte, se informó que ambos lograron calmar a las personas que lo habían agredido, pese que los superaban en número. Esa versión se contradice con lo dicho por la víctima del robo, quien declaró que cuando ella llegó al lugar no había ningún tipo de incidente.

Pero en el mismo parte se consignó que los agentes Mauro Díaz Cáceres (uno de los acusados del crimen de Ferreira) y Miguel Torres, que prestan servicios en el departamento que se dedica a reparar los vehículos de la fuerza, señalaron que al llegar a Thames al 500 se encontraron con un tumulto de personas que agredían a una persona. Dijeron que inmediatamente pidieron apoyo al 911 y al 107.

Los motoristas del 911, lugar donde trabajaba Díaz Cáceres luego de haber sido retirado de las calles, Cristian Rivero y Cristian Luna, dijeron que llegaron al lugar y se encontraron con dos policías de civil, que serían Díaz Cáceres y Torres. La causa quedó en manos del fiscal Ignacio López Bustos.